Una entrevista de Ángela Medrano a Mª José Fernández Domínguez, Interventora General desde 1994. Funcionaria de Habilitación Estatal de la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior y actualmente trabaja como Interventora en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en Madrid.
En 1994, cuando la administración local aún vivía de espaldas a la digitalización y el control interno era, sobre todo, una tarea ritual y formalista, una joven jurista y economista de 24 años tomó posesión de su plaza como interventora-tesorera.
Treinta años después, Mª José Fernández Domínguez ha visto transformarse -y ha contribuido a transformar- un oficio que hoy se asocia a gestión de riesgos, analítica de datos, liderazgo operativo y creación de valor público. Su biografía profesional no se entiende sin un vector que ella misma reivindica desde el minuto cero: la colaboración -institucional, colegial y público-privada- como palanca de calidad y transformación.
He tenido la fortuna de abordar grandes retos de control interno en un contexto de estabilidad, con un equipo consolidado y un entorno receptivo, lo que me ha permitido impulsar cambios relevantes con el respaldo del gobierno local y del resto de la organización.
Ese respaldo, que muchas administraciones no logran construir, no cae del cielo: exige estrategia, liderazgo y, sobre todo, capacidad de tejer alianzas.
Cuando se le pregunta por la motivación para entrar en la profesión, no habla de estabilidad laboral ni de vocación burocrática. Habla de ejemplo.
Su madre obtuvo su plaza en 1968, en la primera promoción abierta a mujeres. Aquello marcó. No tanto por ruptura de techo de cristal, sino por comportamiento ante la dificultad. “La vi disfrutar de su trabajo, superar dificultades con actitud proactiva y ser muy generosa con los compañeros a los que formaba.”
Ese modelo, unido a una doble formación en Derecho y Empresariales, generó una convicción: lo público también es una carrera intelectual, exigente y constructiva.
No idealiza el pasado. Lo explica con objetividad funcional: el interventor novel se enfrenta a una jefatura inmediata, con responsabilidades desproporcionadas a su experiencia.
Con 24 años tuve que gestionar esa responsabilidad con mis inseguridades, apoyándome en la teoría, el asertividad y la empatía.
Con el tiempo, desarrolló algo que la administración local es esencial: calma estratégica. Priorizar, comunicar, evitar conflictos innecesarios, gestionar con criterio. Fernández Domínguez no niega la carga emocional del puesto, pero sí me cuenta que rechaza vivirlo desde el victimismo. “Si se vive como un problema constante, el trabajo se vuelve muy duro; si se afronta con curiosidad, motivación y voluntad de colaborar, resulta apasionante.”
La clave no es la normativa. Es la actitud y, de nuevo, la red de colaboración institucional y humana, y todo ello con el fin de contribuir a que la gestión de la entidad local se desarrolle dentro de los márgenes de legalidad, eficacia y eficiencia.
En un contexto donde cada interventor debe afrontar en soledad los retos, ella considera que el camino es colaborar entre compañeros y compartir conocimientos.
Participó en proyectos clave vinculados al RCIL, formando parte de la comisión constituida por la IGAE, así como en la coordinación del proyecto de COSITAL para para abordar las novedades del nuevo reglamento. “Esa experiencia me reforzó en la importancia de la corresponsabilidad institucional y de la humildad en el ejercicio profesional.”
Fernández destaca tres atributos fundamentales: la integridad, la excelencia y el compromiso con la formación continua.
Actuar con honestidad, mantener estándares exigentes más allá del mínimo legal y actualizarse permanentemente. y actualizarse de forma permanente aporta un valor añadido real y contribuye a la mejora continua de la organización a la que servimos.
En otras palabras: “cumplir” no basta; hay que aportar valor.
En respuesta a como imagina el futuro del control interno local, Fernández Domínguez lo tiene claro: “El rol tradicional de fiscalización formal está dando paso a una función más estratégica, centrada en la planificación del control financiero, el asesoramiento operativo y el liderazgo en mejora continua e innovación”.
También apunta a una evolución hacia el control operativo. A pesar de la retórica político-administrativa, la mayoría de los entes locales siguen anclados en el control formal, no en la medición de resultados. Ella me advierte que el futuro irá por otro camino: “La ciudadanía reclama transparencia y resultados, y el órgano interventor puede aportar análisis operativos en el control de eficacia y eficiencia.”
Pero esto no ocurre por decreto. Ocurre cuando los presupuestos se vinculan con objetivos e indicadores y cuando hay datos, no intuición. Aquí emerge la necesidad de alianza con proveedores tecnológicos, cuadros de mando, IA, analítica. Y sí, eso implica trabajar codo con codo y contar con la ayuda del sector privado.
El control interno será cada vez más digital, automatizado y basado en riesgos, con una fuerte colaboración entre órganos internos y externos.
Sin duda, la trayectoria de Mª José Fernández Domínguez desmonta la caricatura del interventor como obstáculo. Su mirada lo sitúa como un certero arquitecto de valor público y de futuro organizacional, y lo hace desde una idea que transciende el mero discurso y se apalanca en su experiencia: lo público no se transforma desde el aislamiento, sino desde la colaboración estructural -interna, institucional y también público-privada-.
Esa es la diferencia entre gestionar expedientes y transformar sistemas.
Artículo
6 noviembre 2025
Todos los países
Francia
Marruecos
España
Canadá - En
