Es inevitable que las Administraciones Públicas se adapten a la realidad social, que hoy en día podemos afirmar que está alcanzando unas cotas de digitalización importantes, con una tendencia imparable en su evolución creciente a corto-medio plazo. Se habla ya de un cambio de Era, de la innovación completamente disruptiva que está suponiendo el salto del mundo globalizado al mundo digitalizado.
Habitualmente es el sector privado empresarial el que más rápidamente adopta los cambios vinculados a las nuevas tecnologías, tanto en la prestación de los servicios como en sus criterios organizacionales, ya que por cuestiones de competitividad y supervivencia su actividad está orientada hacia la máxima eficacia y calidad en sus productos y servicios.
En el sector público los procesos transformadores son normalmente más lentos y complicados, con resistencias internas más difíciles de superar, pero también porque sus clientes, los ciudadanos que demandan y necesitan sus servicios, hasta ahora no habían jugado un papel demasiado crítico.
No obstante, se está percibiendo ya un cambio en los modos de gestión pública, provocado por el empuje social hacia la transparencia y participación ciudadanas, que está teniendo reflejo en el nuevo ordenamiento jurídico y reglamentario, fundamentalmente en las leyes 39/2015 y 40/2015, tras la no del todo exitosa aplicación de la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Es lo que todos conocemos como transformación digital de las administraciones públicas, proceso en el que Berger-Levrault España está jugando en el ámbito principalmente local un relevante papel como proveedor de soluciones y facilitador no solo de los medios tecnológicos, sino también de los planteamientos metodológicos y organizativos, con una visión integral e integradora del desarrollo y ejecución de estos proyectos transformadores.
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